Fuente: Lne

Los mecanismos de protección social para los desempleados están inyectando en Asturias algo más de 50 millones de euros cada mes. Es el dinero que permite ir tirando a los más de 57.000 parados de la región que perciben algún tipo de prestación o subsidio, un colectivo que ha aumentado últimamente y que ha registrado otro cambio de calado: al contrario que durante los primeros compases de la crisis, ahora es mayor el número de los desempleados que viven de los subsidios más modestos, aquellos que por lo general no llegan a 500 euros al mes. Este grupo está formado ya por casi 30.000 asturianos.

Los economistas expertos en el mercado de trabajo vienen advirtiendo de que el desempleo de larga duración va camino de convertirse en un problema de gran magnitud en España, un país que, según los mismos análisis, tardará años en recuperar tasas de crecimiento económico que permitan recortes relevantes del paro y que muy raramente podrá dar a corto plazo con actividades que compensen la intensa destrucción de trabajo registrada en la construcción. A la construcción pertenecen algunos de los perfiles más problemáticos de parados que, también según los expertos, deja esta crisis: el del profesional del andamio que supera los 45 años y que lleva toda su vida laboral en oficios que no volverán a ser tan demandados por las empresas como en los últimos diez años o el de aquellos jóvenes que dejaron prematuramente los estudios atraídos por una oportunidad de empleo que incluía salarios elevados y estabilidad sólo aparente.

A tales perfiles responde una parte de los 57.066 desempleados asturianos que están cobrando las prestaciones y subsidios del sistema público de protección. Aproximadamente otros 22.000 parados no cobran ayuda alguna y forman un grupo variopinto que incluye a un número difícil de determinar de desempleados que agotaron todas las prestaciones posibles junto a estudiantes, amas de casa y otro tipo de demandantes de empleo que, por no haber trabajado previamente o por el nivel de renta de sus hogares, no tienen acceso al mecanismo de protección económica.

Según el Servicio Estatal de Empleo (antiguo Inem), entre los parados que sí cobran hay casi 29.200 que son beneficiarios de subsidios asistenciales, la conocida como «ayuda familiar», a la que puede acceder buena parte de los desempleados cuando agotan las prestaciones ordinarias o, si no cotizaron el tiempo suficiente, para tener derecho a éstas últimas. Es un colectivo que aumentó un 57% desde la primavera de 2009 y el Inem recibe cada mes casi 6.000 nuevas solicitudes.

En la apariencia estadística, quienes cobran las prestaciones contributivas tienen en Asturias unos ingresos medios ligeramente superiores a los del resto del país: 865 euros al mes. Las dificultades económicas se agravan cuando se termina ese ingreso, cuya cuantía (1.400 euros como máximo si el parado tiene dos o más hijos) y duración (un máximo de 24 meses) depende del tiempo trabajado y de la base de cotización por contingencias profesionales. Concluida esa ayuda, los desempleados tienen acceso a subsidios asistenciales mucho más modestos y cuyas condiciones varían según parámetros como la edad y las cargas familiares. Como norma general, la popularmente conocida como «ayuda a domicilio» dura entre 6 meses y un máximo de 30 y supone 426 euros mensuales. La duración es mayor en el caso especial de quienes sobrepasen los 52 años y cumplen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a una pensión. El subsidio puede llegar en este supuesto hasta que el beneficiario alcanza la edad de jubilación. Su cuantía es también de 426 euros.

La ayuda únicamente es mayor y puede alcanzar un máximo de 708 euros si el desempleado tiene al menos tres familiares a su cargo, más de 45 años y ha agotado previamente una prestación contributiva de 24 meses. Este colectivo, según las distintas fuentes consultadas, es minoritario, como lo es también el de quienes perciben la renta activa de inserción (antiguo IMI), destinada a colectivos específicos y que supone también 426 euros al mes.

Hasta el verano de 2009, la protección económica de los desempleados españoles llegaba hasta ahí. La dureza de la crisis y el intenso aumento del paro que seguía registrándose entonces llevaron al Gobierno a instaurar un nuevo subsidio extraordinario de 426 euros para los parados que agotaran el resto de ayudas. Ésta tiene una duración improrrogable de seis meses. El Gobierno aprobó una primera fase de este subsidio que concluyó en febrero de este año y abrió entonces un nuevo plazo que expira en agosto. Desde principios de este año, casi tres mil asturianos han solicitado una ayuda cuya continuidad está en el aire. El Ministerio de Trabajo, acuciado por los recortes presupuestarios y la presión del sistema de prestaciones sobre el déficit público, ha evitado confirmar por ahora si el subsidio extra de los 426 euros continuará después de agosto.

Hasta ahí el itinerario de ayudas que reparte y gestiona la Administración central a través del antiguo Inem y que en parte se financian con las cotizaciones abonadas por empresas y trabajadores. Su coste total representa en España unos 30.000 millones de euros al año. Los parados asturianos ingresaron por esa vía unos 600 millones de euros en 2009, un dinero que cumple además una función capital en tiempos de crisis: amortiguar el deterioro de las rentas y la caída del consumo. Son una parte de lo que los economistas denominan «estabilizadores automáticos».

A partir de ahí, al parado que haya agotado todos los cauces del Inem puede acudir a la Administración asturiana. El último auxilio es el «salario social», una ayuda de cuantía variable que garantiza una especie de «mínimo vital» y que perciben ya 16.200 asturianos, parte de ellos desempleados de muy larga duración.