Los inmigrantes en situación irregular que padezcan VIH o que sufran algún tipo de cáncer seguirán recibiendo atención sanitaria al margen de lo que dictamine la reforma sanitaria. Eso sí, serán las comunidades autónomas las que tengan que garantizarlo a través de la firma de convenios específicos con entidades que trabajan con la inmigración. Así lo aseguró ayer en una entrevista en Radio Nacional la ministra de Sanidad. «Estas personas van a seguir siendo atendidas», aclaró Ana Mato en respuesta a las críticas que desde diversas organizaciones, especialmente, desde los comités antisida, se viene realizando a los ajustes sanitarios.
Los extranjeros sin permiso de residencia son uno de los colectivos más perjudicados con la entrada en vigor de la reforma sanitaria. A partir del 1 de septiembre, los inmigrantes que no tengan sus papeles en regla quedarán excluidos de la atención sanitaria ordinaria. Según recoge el Real Decreto 16/2012 del 20 de abril, quienes no dispongan de tarjeta sanitaria sólo podrán ser atendidos en urgencias. El acceso a los centros de salud así como a los especialistas dejará de ser un derecho universal.
El caso es que desde el año 2000, la tarjeta del Sespa se otorgaba si la persona estaba empadronada, un trámite al que tenían acceso todos los inmigrantes al margen de su situación legal en el país. Pero desde septiembre próximo, tal y como lo regula la reforma del sistema de salud, la tarjeta sólo se dará a los extranjeros regularizados. Esta medida deja fuera del circuito sanitario a muchas personas. No sólo a extranjeros 'sin papeles', sino también a jóvenes españoles de más de 26 años que no hayan cotizado o desempleados que agotaran el subsidio y no acrediten estar sin recursos.
Precisamente, EL COMERCIO publicó el pasado domingo el caso de un venezolano residente en Gijón desde hace seis años que se encuentra a tratamiento por VIH y al que la reforma sanitaria dejará sin fármacos antirretovirales en apenas tres meses por su condición de inmigrante irregular. Según Ana Mato, Fran (nombre del protagonista del reportaje) tendrá la atención médica «cubierta» y también la medicación que recibe, que en su caso cuesta 509 euros al mes.
La titular de Sanidad recordó que estos enfermos, así como los afectados de cualquier otra patología crónica, «van a seguir siendo atendidos. La sanidad está garantizada porque somos titulares de ese derecho, el Real Decreto no cambia la legislación actual y, por tanto, la Ley General de Sanidad sigue vigente al cien por cien», precisó. En sus declaraciones, la ministra detalló que «todas las comunidades autónomas tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en Primaria», por tanto, «no va a quedar nadie desatendido en España».
Vascos y catalanes, en contra
El caso es que el Gobierno de la nación pasa ahora el balón a las autonomías, la mayoría de las cuales, Asturias incluida, desconocían ayer el alcance de esta medida que supuestamente deberán poner en marcha. De momento, han sido muy pocos los ejecutivos autonómicos que han salido a la palestra. El primero fue el Gobierno vasco que anunció que seguirá atendiendo inmigrantes 'sin papeles'. Ayer, la Generalitat de Cataluña indicó que darán cobertura en su territorio a extranjeros no regularizados, así como a jóvenes de más de 26 años que no hayan cotizado. «Nosotros garantizaremos la salud pública y la Atención Primaria a todos los inmigrantes. Es ineludible», aseguró la secretaria de la Consellería de Salud de la Generalitat, Roser Fernández, en declaraciones a recogidas por Europa Press.
Contra los abusos
La decisión de restringir el acceso a la sanidad pública a quienes no hayan cotizado, así como a los inmigrantes sin permiso de residencia, es, según Ana Mato, «una medida encaminada a acabar con los abusos». En su opinión, España se equiparará a otros países europeos donde la sanidad «funciona de esa manera y no pasa nada». La ministra cree que «hay que diferenciar, no puede ser equiparable una persona que está en España en situación legal que ilegal, que tienen la asistencia sanitaria cubierta en todo caso con la asistencia básica».
Por su parte, el pleno del Senado rechazó ayer un nuevo intento del PSOE para que se retiren algunas de las medidas que contempla la reforma sanitaria del Gobierno de Mariano Rajoy, como el copago farmacéutico. El PP votó en contra de la moción presentada por los socialistas.
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